Es evidente que el Canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso se encuentra completamente extraviado, desorientado, confundido, perdido.
¿Y quien le entiende a este Canciller?
Aquí les dejo con la opinión del Licenciado Carlos Dore Cabral:
PUBLICADO EN LA SECCION FIRMAS DE CLAVE DIGITAL EL DIA jueves, 07 de diciembre de 2006
ENEAGRAMAS
De nuevo las contradicciones migratorias
Carlos Dore Cabral - Sociólogo, profesor universitario, director del Departamento de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República.
El canciller Carlos Morales Troncoso aseguró el pasado 29 de noviembre, en referencia a la inmigración (específicamente haitiana) que “no podemos renunciar a la soberanía nacional ni considerar la abolición del Estado dominicano. Eso no está ni se prevé que deba estar en la agenda nacional, y debe estar claro y entendido, ahora y para siempre.
“Hacemos esa advertencia ante la insistencia reiterada de organizaciones y personas que pretenden que olvidemos y soslayemos la observación y cumplimiento de nuestras propias leyes en el manejo de la inmigración ilegal que nos llega masivamente desde Haití.
“En la conducción de las relaciones con Haití, en el terreno de los hechos, el manejo que hace el Gobierno dominicano através de la Cancillería y de otras agencias del Estado, sobre todo las vinculadas a la migración, prevalece un trato considerado, respetuoso de las personas y de sus derechos.
“Pero nadie ignora o puede pretender ignorar que el manejo de la inmigración ilegal de grandes contingentes de población genera en el país receptor un grupo de población vulnerable, sujeto a denegación parcial y ocasional --más o menos severa-- de sus derechos, de sus oportunidades y sus aspiraciones, independientemente de la época o del país a que se haga referencia.”
Por lo menos en tres ocasiones recientes el mismo secretario de Estado de Relaciones Exteriores se ha referido a la emigración dominicana a Estados Unidos y Puerto Rico. El 11 de enero pasado suscribió una declaración con México y Centroamérica en la que se decía que “debe dársele a todo inmigrante, sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican”.
El 16 de abril de este año dijo que “se planteó a los congresistas (los norteamericanos Arlen Specter y Jeff Sessions) que República Dominicana cuenta con una población numerosa en Estados Unidos, una parte de ella indocumentada, por lo que el Gobierno alberga esperanza de que se apruebe una legislación justa que plantee soluciones favorables”.
El 2 de mayo del 2006 aseguró, en una mesa redonda con siete cancilleres latinoamericanos y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo siguiente:
“Antes de que se cometan iniquidades desastrosas con nuestros inmigrantes indocumentados, residentes precariamente en los Estados Unidos, hay que abocarse a examinar fríamente los pro y los contra de una situación que aporta y genera no pocos desequilibrios en las dos partes vinculadas a este tema tan complejo, tan importante, y al cual necesariamente hay que buscarle una salida justa, sabia y oportuna.”
Y sólo el pasado día 3, la prensa recoge que el representante de los Consejos Consultivos de los Dominicanos en el Exterior, Alejandro Santos, “demandó ayer de la comunidad internacional una mayor cooperación en el tratamiento de las migraciones, a fin de evitar que se cometan discriminaciones contra los criollos que residen en el extranjero’.
Asegura el funcionario migratorio que “en vista de esta situación que se ha creado (de lucha contra la xenofobia y el racismo), esperamos que contra los dominicanos y dominicanas que residen aquí (Puerto Rico), como en otras naciones, no se cometa ningún tipo de discriminación en contra de ellos, ni se les atropelle por su origen ni su color”.
Dos discursos contradictorios provenientes del mismo Estado y de funcionarios del mismo gobierno y del mismo funcionario del mismo Estado y del mismo gobierno.
Cuando se trata de que el Estado dominicano flexibilice sus posiciones frente a la inmigración (específicamente haitiana), se le está pidiendo que renuncie a su soberanía y que propicie la abolición del Estado; pero no es así cuando el dominicano le pide a otros Estados lo mismo o algo parecido para sus emigrantes. Se demanda pleno respeto a los derechos, oportunidades y aspiraciones de los emigrantes dominicanos, pero se plantea que eso no es completamente posible cuando se trata de los inmigrantes (específicamente haitianos) a la República Dominicana.
Este artículo sólo persigue insistir en la conveniencia de articular una política en la que haya mayor coincidencia entre lo que se pide para el emigrante dominicano y lo que se le dé al inmigrante (específicamente haitiano) en la Republica Dominicana.
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“Hacemos esa advertencia ante la insistencia reiterada de organizaciones y personas que pretenden que olvidemos y soslayemos la observación y cumplimiento de nuestras propias leyes en el manejo de la inmigración ilegal que nos llega masivamente desde Haití.
“En la conducción de las relaciones con Haití, en el terreno de los hechos, el manejo que hace el Gobierno dominicano através de la Cancillería y de otras agencias del Estado, sobre todo las vinculadas a la migración, prevalece un trato considerado, respetuoso de las personas y de sus derechos.
“Pero nadie ignora o puede pretender ignorar que el manejo de la inmigración ilegal de grandes contingentes de población genera en el país receptor un grupo de población vulnerable, sujeto a denegación parcial y ocasional --más o menos severa-- de sus derechos, de sus oportunidades y sus aspiraciones, independientemente de la época o del país a que se haga referencia.”
Por lo menos en tres ocasiones recientes el mismo secretario de Estado de Relaciones Exteriores se ha referido a la emigración dominicana a Estados Unidos y Puerto Rico. El 11 de enero pasado suscribió una declaración con México y Centroamérica en la que se decía que “debe dársele a todo inmigrante, sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican”.
El 16 de abril de este año dijo que “se planteó a los congresistas (los norteamericanos Arlen Specter y Jeff Sessions) que República Dominicana cuenta con una población numerosa en Estados Unidos, una parte de ella indocumentada, por lo que el Gobierno alberga esperanza de que se apruebe una legislación justa que plantee soluciones favorables”.
El 2 de mayo del 2006 aseguró, en una mesa redonda con siete cancilleres latinoamericanos y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo siguiente:
“Antes de que se cometan iniquidades desastrosas con nuestros inmigrantes indocumentados, residentes precariamente en los Estados Unidos, hay que abocarse a examinar fríamente los pro y los contra de una situación que aporta y genera no pocos desequilibrios en las dos partes vinculadas a este tema tan complejo, tan importante, y al cual necesariamente hay que buscarle una salida justa, sabia y oportuna.”
Y sólo el pasado día 3, la prensa recoge que el representante de los Consejos Consultivos de los Dominicanos en el Exterior, Alejandro Santos, “demandó ayer de la comunidad internacional una mayor cooperación en el tratamiento de las migraciones, a fin de evitar que se cometan discriminaciones contra los criollos que residen en el extranjero’.
Asegura el funcionario migratorio que “en vista de esta situación que se ha creado (de lucha contra la xenofobia y el racismo), esperamos que contra los dominicanos y dominicanas que residen aquí (Puerto Rico), como en otras naciones, no se cometa ningún tipo de discriminación en contra de ellos, ni se les atropelle por su origen ni su color”.
Dos discursos contradictorios provenientes del mismo Estado y de funcionarios del mismo gobierno y del mismo funcionario del mismo Estado y del mismo gobierno.
Cuando se trata de que el Estado dominicano flexibilice sus posiciones frente a la inmigración (específicamente haitiana), se le está pidiendo que renuncie a su soberanía y que propicie la abolición del Estado; pero no es así cuando el dominicano le pide a otros Estados lo mismo o algo parecido para sus emigrantes. Se demanda pleno respeto a los derechos, oportunidades y aspiraciones de los emigrantes dominicanos, pero se plantea que eso no es completamente posible cuando se trata de los inmigrantes (específicamente haitianos) a la República Dominicana.
Este artículo sólo persigue insistir en la conveniencia de articular una política en la que haya mayor coincidencia entre lo que se pide para el emigrante dominicano y lo que se le dé al inmigrante (específicamente haitiano) en la Republica Dominicana.
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