PUBLICADO EN LA SECCION FIRMAS DE CLAVE DIGITAL EL DIA martes, 27 de marzo de 2007
FIRME
Juan Bolívar Díaz - Periodista. Fue director de los diarios El Sol y El Nuevo Diario. Es director de Servicios Informativos de Teleantillas, canal 2.
Incoherente política inmigratoria
Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes han vuelto a denunciar la política que mantiene el gobierno dominicano sobre la inmigración haitiana, caracterizada por la incoherencia y la irracionalidad. Denunciamos el desproporcionado ingreso de ciudadanos haitianos mientras persiste un tráfico de visas y el cobro de peaje en los puestos militares de control.
Se ha demostrado hasta la saciedad que la algarabía antihaitiana y la descalificación de los denunciantes no son suficientes para cambiar la negativa imagen que proyecta el país en el ámbito internacional. Tampoco basta la reinterpretación que hemos hecho de la Constitución para definir quiénes tienen derecho a la nacionalidad, hasta que se cambie el artículo que la garantiza a todo el que nace en el país. Y cuando eso ocurra ningún organismo internacional aceptará que tenga carecer retroactivo.
La sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pesará contundentemente en los ámbitos internacionales por más bulla que aquí pretendamos hacer para restarle legitimidad. Aunque esta semana el gobierno dio el primer paso a su cumplimiento al pagar la indemnización a que fuimos condenados.
Todavía son muchos los dominicanos, aún de buena fe, que no han entendido el fundamento de esa sentencia. Es que nos agarraron con una grave discriminación. Se les había negado la nacionalidad a dos niñas nacidas en Sabana Grande Boyá, hijas de dos mujeres oriundas también del mismo municipio, que aunque hijas de haitianos, habían sido dotadas de la ciudadanía décadas atrás cuando no predominaba la nueva interpretación del prinicipio del jus soli. Y aún cuando las niñas tenían hermanos mayores reconocidos como dominicanos.
Tanto el Servicio Jesuita para Refugiados como Amnistía Internacional persisten en denunciar como discriminatoria y racista la política dominicana sobre los inmigrantes haitianos. Ambas son instituciones reconocidas y de prestigio. Amnistía abrió una campaña pidiendo reclamar al presidente Leonel Fernández el cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos y especialmente de migrantes.
Nadie discute racionalmente que el Estado dominicano tiene derecho a limitar la desproporcionada inmigración haitiana como la de cualquier otro origen. Lo que se pide es que se haga con pleno respeto de los derechos humanos.
Para comenzar a implementar una nueva política, que reduzca el flujo haitiano y saque el país de los informes internacionales sobre violación de derechos humanos, lo primero que tenemos que lograr es extirpar el tráfico de esos inmigrantes practicado y estimulado por empresarios que los explotan y por autoridades militares y consulares que obtienen del mismo pingues beneficios.
Basta recordar la reciente denuncia del obispo de Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal, sobre el peaje que cobran en los puestos militares de la región fronteriza para permitir el tráfico de inmigrantes haitianos, sobre lo cual no ha habido una explicación de las jerarquías, y los informes de las últimas semanas sobre tráfico de visas a ciudadanos de la vecina nación.
Informes de organismos de seguridad, como la Dirección Nacional de Investigaciones, publicados recientemente por el diario electrónico Clave Digital, hablan hasta de consulados clandestinos, de venta de visas de cortesía y del uso de ciudadanos haitianos como buscones para expedir visas en el consulado de Juana Méndez.
Uno de esos informes, publicado esta semana, sostiene que en 14 meses se expidieron 67 mil 696 visas en los consulados dominicanos en Haití. Es decir 4 mil 835 por mes, y 210 por día laborable. A un promedio de 100 dólares por cada visa, -las de un solo ingreso por 56 pesos y la múltiples por 175- se tiene un ingreso de 6 millones 769 mil dólares.
Según el informe, de esos 67 mil ingresados, 29 mil 445, el 43.5 por ciento, se habrían quedado ilegalmente en el país, casi 6 mil más que los deportados en el mismo período, con métodos rechazados por los defensores de los derechos humanos.
La expedición masiva de visas es un negocio viejo. Ya en el anterior gobierno del presidente Fernández, el embajador Silvio Herasme suspendió a dos cónsules por tráfico de visas, incluyendo a la esposa del actual incumbente del consulado en Juana Méndez, Rafael Cheché Luna, lo que muestra la persistencia hasta de los mismos actores en ese drama de incoherencia y contradicción.
Urge una nueva política migratoria. O siquiera un mínimo de coherencia y racionalidad.
Ver artículo y comentarios de lectores en Clave Digital
Se ha demostrado hasta la saciedad que la algarabía antihaitiana y la descalificación de los denunciantes no son suficientes para cambiar la negativa imagen que proyecta el país en el ámbito internacional. Tampoco basta la reinterpretación que hemos hecho de la Constitución para definir quiénes tienen derecho a la nacionalidad, hasta que se cambie el artículo que la garantiza a todo el que nace en el país. Y cuando eso ocurra ningún organismo internacional aceptará que tenga carecer retroactivo.
La sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pesará contundentemente en los ámbitos internacionales por más bulla que aquí pretendamos hacer para restarle legitimidad. Aunque esta semana el gobierno dio el primer paso a su cumplimiento al pagar la indemnización a que fuimos condenados.
Todavía son muchos los dominicanos, aún de buena fe, que no han entendido el fundamento de esa sentencia. Es que nos agarraron con una grave discriminación. Se les había negado la nacionalidad a dos niñas nacidas en Sabana Grande Boyá, hijas de dos mujeres oriundas también del mismo municipio, que aunque hijas de haitianos, habían sido dotadas de la ciudadanía décadas atrás cuando no predominaba la nueva interpretación del prinicipio del jus soli. Y aún cuando las niñas tenían hermanos mayores reconocidos como dominicanos.
Tanto el Servicio Jesuita para Refugiados como Amnistía Internacional persisten en denunciar como discriminatoria y racista la política dominicana sobre los inmigrantes haitianos. Ambas son instituciones reconocidas y de prestigio. Amnistía abrió una campaña pidiendo reclamar al presidente Leonel Fernández el cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos y especialmente de migrantes.
Nadie discute racionalmente que el Estado dominicano tiene derecho a limitar la desproporcionada inmigración haitiana como la de cualquier otro origen. Lo que se pide es que se haga con pleno respeto de los derechos humanos.
Para comenzar a implementar una nueva política, que reduzca el flujo haitiano y saque el país de los informes internacionales sobre violación de derechos humanos, lo primero que tenemos que lograr es extirpar el tráfico de esos inmigrantes practicado y estimulado por empresarios que los explotan y por autoridades militares y consulares que obtienen del mismo pingues beneficios.
Basta recordar la reciente denuncia del obispo de Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal, sobre el peaje que cobran en los puestos militares de la región fronteriza para permitir el tráfico de inmigrantes haitianos, sobre lo cual no ha habido una explicación de las jerarquías, y los informes de las últimas semanas sobre tráfico de visas a ciudadanos de la vecina nación.
Informes de organismos de seguridad, como la Dirección Nacional de Investigaciones, publicados recientemente por el diario electrónico Clave Digital, hablan hasta de consulados clandestinos, de venta de visas de cortesía y del uso de ciudadanos haitianos como buscones para expedir visas en el consulado de Juana Méndez.
Uno de esos informes, publicado esta semana, sostiene que en 14 meses se expidieron 67 mil 696 visas en los consulados dominicanos en Haití. Es decir 4 mil 835 por mes, y 210 por día laborable. A un promedio de 100 dólares por cada visa, -las de un solo ingreso por 56 pesos y la múltiples por 175- se tiene un ingreso de 6 millones 769 mil dólares.
Según el informe, de esos 67 mil ingresados, 29 mil 445, el 43.5 por ciento, se habrían quedado ilegalmente en el país, casi 6 mil más que los deportados en el mismo período, con métodos rechazados por los defensores de los derechos humanos.
La expedición masiva de visas es un negocio viejo. Ya en el anterior gobierno del presidente Fernández, el embajador Silvio Herasme suspendió a dos cónsules por tráfico de visas, incluyendo a la esposa del actual incumbente del consulado en Juana Méndez, Rafael Cheché Luna, lo que muestra la persistencia hasta de los mismos actores en ese drama de incoherencia y contradicción.
Urge una nueva política migratoria. O siquiera un mínimo de coherencia y racionalidad.
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