Por Sara Pérez (publicado en El Nacional, el 1 de Abril 2007)
READING, PA.‑ Ya van por lo menos dos veces que el gobierno de Leonel Fernández se desahoga con especial indignidad, golpeando a los y las más vulnerables, cuando ha quedado en ridículo por actuaciones torpes e incompetentes, relacionadas con el tema domínico‑haitiano.
La primera de esas sobre-reacciones vergonzosas, que es a la que voy a referirme en esta ocasión, ocurrió tras la infausta visita del muy mal asesorado presidente Fernández a Haití, en diciembre del 2005, (si mal no recuerdo un martes 13), que desencadenó las protestas de un grupo de haitianos, chiquito pero bulloso, en medio de una situación que no era la más favorable para ir a saludar a los vecinos.
Para empezar, ningún Presidente dominicano debía coger para Haití en fatuas visitas turísticas, hasta que el gobierno defina una política de inmigración razonable, formal y clara, que permita el manejo institucional y legal de quienes entran a nuestro país, respetando los derechos humanos de los inmigrantes y salvaguardando los derechos e intereses de la República Dominicana, todo lo cual, lejos de contradecirse, se complementa. Mientras eso no ocurra y mientras no se atiendan las condiciones de extrema precariedad, (jamás descritas y ni denunciadas por nadie en toda su brutal dimensión), en que se mantienen los inmigrantes haitianos y la población domínico‑haitiana en RD, las visitas de "cortesía" al vecino país pueden ser interpretadas por muchos como la afrenta que son.
Se corre el riesgo de que las reacciones no resulten las más obsequiosas y eso puede tener desenlaces desdichados y más en situaciones volátiles en las que nadie puede alardear de controles rigurosos en ningún sitio.
En esa ocasión, ocurrió lo fácilmente previsible. No hubo pérdidas irreparables, pero uno de los carros de la comitiva presidencial dominicana quedó en una calle de Puerto Príncipe reducido a chatarras y cenizas.
Los ocupantes, perdida la majestad de sus correspondientes cargos, huyeron despavoridos, con tan buena fortuna que consiguieron abordar otro de los vehículos que corrían en estampida, encabezados por el del Presidente, cuya corbata Hermès, según se dice, apareció cinco días después vendiéndose como souvenir en una esquina de Cité Soleil.
Según rumores, de los zapatos presidenciales, hechos a mano y a la medida por la casa John Lobb en Inglaterra, no se han vuelto a tener noticias y también se extraviaron unos sombreros ingleses que el Presidente obsequiaría a Doña Margarita y que posteriormente fueron vistos en las cabezas de unas oficiantes de una ceremonia de vudú en una playa de Puerto Príncipe.
También se ha dicho que uno de los oficiales de seguridad perdió un poste de Viagra y otro, un peluquín, sin contar las botellas de ron Barbancourt que se les rompieron.
El presidente Fernández y su comitiva no fueron a nada a Haití, aparte de politiquear un poco, buscar un problema, crear una crisis innecesaria, pasar un susto del carajo y quedar en ridículo.
De allá retornaron que los freían en alquitrán y no decían ni ¡ji!. No se autocriticaron la frivolidad e imprudencia de su innecesario viaje, que pudo tener consecuencias muy graves e indeseables para ambos países.
No se exprimieron un poco el cerebro para busca soluciones efectivas y hasta el día de hoy no se han sentado a diseñar las estrategias para intervenir a fondo en una situación que se les está viniendo encima como una avalancha, para la que no tienen respuestas ni refugios, pero ante la que no parecen muy preocupados.
Como buen gobierno taponero, el de Leonel Fernández sólo es eficiente cobrando impuestos y haciendo desaparecer gran parte de ellos sin que se sepa en qué. Por lo demás, se dedica a pegar parches y a hacer zurcidos.
Ante problemas sociales que demandan intervenciones serias y a gran escala, Leonel y su equipo lo que hacen son operativitos circences, como el bluff de enfrentar la delincuencia con las patrullas de guardias que, por cierto, hicieron que la delincuencia se frenara por unos días, porque el sector de los guardias delincuentes tenía que andar de patrulla. Pero ya les buscaron la vuelta al caso.
Esa es la actitud que mantienen con relación a la inmigración haitiana y a la población domínico‑haitiana, con el agravante de que los parches improvisados y populistas ejecutados a la brigandina, consisten en deportaciones con procedimientos inhumanos de un primitivismo vergonzoso, que hieren y lastiman al sector más infortunado, al más impunemente atropellado, de los habitantes de la República Dominicana.
A los pocos días del incidente en Haití, el gobierno dominicano reaccionó con la ineptitud, la vileza y, sobre todo, con la categórica irresponsabilidad que lo caracterizan, a través de la Suprema Corte de Justicia, integrada en su mayoría por jueces negligentes y anacrónicos.
En aquella oportunidad, la Suprema Corte de Justicia, en violación a la Constitución dominicana y sorastrando esa Constitución, declaró que a los hijos de los haitianos indocumentados nacidos en territorio dominicano no les corresponde la nacionalidad dominicana.
Esa disposición tiene unas implicaciones sociales tremendas. Formaliza una segregación masiva. Deja en el limbo a miles de dominicanos y dominicanas de padres haitianos. Abona resentimientos. Propicia convulsiones dramáticas que serán inevitables ‑y en las que nadie va a ganar y todos van a perder‑ si eso no se enmienda. Coloca a la República Dominicana en una situación internacional poco airosa y, de paso, agrede a la enorme cantidad de dominicanos y dominicanas que andan por el mundo sin documentos o con documentos adulterados, teniendo hijos a los que les corresponden las nacionalidades de los países donde nacen.
De esa forma y a ese precio, (que todavía no ha comenzado a pagarse), se desagravió al Presidente dominicano del ridículo que hizo en Haití.
Ni cuando Ramfis perdía un partido de polo, se generaban tales crisis.
La primera de esas sobre-reacciones vergonzosas, que es a la que voy a referirme en esta ocasión, ocurrió tras la infausta visita del muy mal asesorado presidente Fernández a Haití, en diciembre del 2005, (si mal no recuerdo un martes 13), que desencadenó las protestas de un grupo de haitianos, chiquito pero bulloso, en medio de una situación que no era la más favorable para ir a saludar a los vecinos.
Para empezar, ningún Presidente dominicano debía coger para Haití en fatuas visitas turísticas, hasta que el gobierno defina una política de inmigración razonable, formal y clara, que permita el manejo institucional y legal de quienes entran a nuestro país, respetando los derechos humanos de los inmigrantes y salvaguardando los derechos e intereses de la República Dominicana, todo lo cual, lejos de contradecirse, se complementa. Mientras eso no ocurra y mientras no se atiendan las condiciones de extrema precariedad, (jamás descritas y ni denunciadas por nadie en toda su brutal dimensión), en que se mantienen los inmigrantes haitianos y la población domínico‑haitiana en RD, las visitas de "cortesía" al vecino país pueden ser interpretadas por muchos como la afrenta que son.
Se corre el riesgo de que las reacciones no resulten las más obsequiosas y eso puede tener desenlaces desdichados y más en situaciones volátiles en las que nadie puede alardear de controles rigurosos en ningún sitio.
En esa ocasión, ocurrió lo fácilmente previsible. No hubo pérdidas irreparables, pero uno de los carros de la comitiva presidencial dominicana quedó en una calle de Puerto Príncipe reducido a chatarras y cenizas.
Los ocupantes, perdida la majestad de sus correspondientes cargos, huyeron despavoridos, con tan buena fortuna que consiguieron abordar otro de los vehículos que corrían en estampida, encabezados por el del Presidente, cuya corbata Hermès, según se dice, apareció cinco días después vendiéndose como souvenir en una esquina de Cité Soleil.
Según rumores, de los zapatos presidenciales, hechos a mano y a la medida por la casa John Lobb en Inglaterra, no se han vuelto a tener noticias y también se extraviaron unos sombreros ingleses que el Presidente obsequiaría a Doña Margarita y que posteriormente fueron vistos en las cabezas de unas oficiantes de una ceremonia de vudú en una playa de Puerto Príncipe.
También se ha dicho que uno de los oficiales de seguridad perdió un poste de Viagra y otro, un peluquín, sin contar las botellas de ron Barbancourt que se les rompieron.
El presidente Fernández y su comitiva no fueron a nada a Haití, aparte de politiquear un poco, buscar un problema, crear una crisis innecesaria, pasar un susto del carajo y quedar en ridículo.
De allá retornaron que los freían en alquitrán y no decían ni ¡ji!. No se autocriticaron la frivolidad e imprudencia de su innecesario viaje, que pudo tener consecuencias muy graves e indeseables para ambos países.
No se exprimieron un poco el cerebro para busca soluciones efectivas y hasta el día de hoy no se han sentado a diseñar las estrategias para intervenir a fondo en una situación que se les está viniendo encima como una avalancha, para la que no tienen respuestas ni refugios, pero ante la que no parecen muy preocupados.
Como buen gobierno taponero, el de Leonel Fernández sólo es eficiente cobrando impuestos y haciendo desaparecer gran parte de ellos sin que se sepa en qué. Por lo demás, se dedica a pegar parches y a hacer zurcidos.
Ante problemas sociales que demandan intervenciones serias y a gran escala, Leonel y su equipo lo que hacen son operativitos circences, como el bluff de enfrentar la delincuencia con las patrullas de guardias que, por cierto, hicieron que la delincuencia se frenara por unos días, porque el sector de los guardias delincuentes tenía que andar de patrulla. Pero ya les buscaron la vuelta al caso.
Esa es la actitud que mantienen con relación a la inmigración haitiana y a la población domínico‑haitiana, con el agravante de que los parches improvisados y populistas ejecutados a la brigandina, consisten en deportaciones con procedimientos inhumanos de un primitivismo vergonzoso, que hieren y lastiman al sector más infortunado, al más impunemente atropellado, de los habitantes de la República Dominicana.
A los pocos días del incidente en Haití, el gobierno dominicano reaccionó con la ineptitud, la vileza y, sobre todo, con la categórica irresponsabilidad que lo caracterizan, a través de la Suprema Corte de Justicia, integrada en su mayoría por jueces negligentes y anacrónicos.
En aquella oportunidad, la Suprema Corte de Justicia, en violación a la Constitución dominicana y sorastrando esa Constitución, declaró que a los hijos de los haitianos indocumentados nacidos en territorio dominicano no les corresponde la nacionalidad dominicana.
Esa disposición tiene unas implicaciones sociales tremendas. Formaliza una segregación masiva. Deja en el limbo a miles de dominicanos y dominicanas de padres haitianos. Abona resentimientos. Propicia convulsiones dramáticas que serán inevitables ‑y en las que nadie va a ganar y todos van a perder‑ si eso no se enmienda. Coloca a la República Dominicana en una situación internacional poco airosa y, de paso, agrede a la enorme cantidad de dominicanos y dominicanas que andan por el mundo sin documentos o con documentos adulterados, teniendo hijos a los que les corresponden las nacionalidades de los países donde nacen.
De esa forma y a ese precio, (que todavía no ha comenzado a pagarse), se desagravió al Presidente dominicano del ridículo que hizo en Haití.
Ni cuando Ramfis perdía un partido de polo, se generaban tales crisis.
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